Se llevo a cabo en el Club Aguada de la ciudad de Montevideo el XIII Congreso Nacional de COFE. La mesa departamental de SUINAU Soriano participó en esta importante instancia.

Solo nos queda esperar que inicien sumarios a los integrantes del Directorio por no cumplir con su función que es la de crear las políticas que permitan solucionar los problemas de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay. Para cuando tendremos una investigación a la terrible gestión del Directorio saliente? O será que hay funcionarios de 1ª y de 2ª en la administración publica ?????

 

 

 

09/06/2010

Nacional

INAU: 30 sumarios por omisiones y descuidos que derivaron en fugas

Medida. Directorio destituyó a un funcionario por instar a motín en 2006

EDUARDO BARRENECHE

Cerca de 30 sumarios ordenó el Directorio del INAU a funcionarios por negligencias u omisiones que generaron fugas de menores internados. Días atrás, el INAU decidió la destitución de un funcionario por instigar a un motín en 2006.

"Se han realizado investigaciones administrativas que arrojaron sumarios a funcionarios por negligencias en situaciones de fugas" de internos, dijo a El País el director del INAU, Jorge Ferrando.

El jerarca no explicitó el número de funcionarios bajo la mira de la asesoría jurídica del organismo. "Se dieron algunas situaciones en estos últimos tres años", expresó Ferrando.

Consultado sobre las conclusiones que arribaron los sumarios a estos funcionarios, el director del organismo respondió que algunos de ellos están en curso y otros derivaron en sanciones a los trabajadores investigados. "Según el grado de responsabilidad, las suspensiones oscilan entre un mes y seis meses" sin goce de sueldos, explicó Ferrando.

El abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, dijo a El País que defendía a 30 funcionarios que fueron sumariados por el Directorio tras fugas de menores.

Tras indicar que no conocía casos de destituciones de funcionarios por fugas, Williman dijo: "Los funcionarios que son sancionados por hechos como una fuga o porque no procedió con mayor diligencia, le queda la sanción como antecedente. Y ante un nuevo hecho irregular, las sanciones son proporcionales y graduales. Por ese antecedente pasa a tener una sanción mayor y la acumulación de las mismas puede llegar a la destitución de ese trabajador".

Según Williman, si cada vez que hay una fuga de menores el INAU realiza un sumario, "no quedarían trabajadores" en el organismo.

El juez penal de Pando, Gonzalo Silva, dijo a El País que "hay montones de expedientes" en el Juzgado sobre fugas del INAU por denuncias del organismo. "Sin embargo, no recuerdo que se haya procesado a ningún funcionario del INAU por omisión en los deberes del cargo", indicó el magistrado, coincidiendo con Williman.

"Se investigan las circunstancias de las fugas y si hubo lesionados o toma de rehenes", agregó.

La situación de colapso que enfrenta el INAU fue puesta de manifiesto por el jefe de Policía, Walder Ferreira, quien señaló que le preocupaba la "falta de contención" de menores en los hogares con medidas privativas. "Nosotros sabemos que no deberían ser más de 300 los menores que tendrían que estar presos. Tenemos que decir las cosas como son. Y con esos menores recluidos como deben estar, la seguridad mejoraría en forma notoria", indicó Ferreira.

Un menor conocido como "El Ricky", que fue internado días atrás en la Colonia Berro por pertenecer a la "banda de la granada", fue recapturado nuevamente el viernes 4 por los efectivos de Hurtos y Rapiñas cuando buscaban a los asaltantes de una pizzería ubicada en 8 de Octubre y Mateo Cabral.

BRAZO GORDO. El director Ferrando señaló que el organismo sí destituyó a un trabajador por estar vinculado a un motín en el Hogar Piedras ocurrido en el año 2006.

"Hace relativamente poco culminó un sumario a un funcionario, que se comprobó que tuvo una responsabilidad directa de promover o instar a un motín ocurrido en 2006, y se decidió su destitución", dijo Ferrando.

Fuentes del sindicato del INAU afirmaron que el funcionario destituido era un conocido "brazo gordo" -boxeadores o ex deportistas- que integraba una organización que armaba motines cuando querían aumentos de sueldos o beneficios laborales.

Los "brazos gordos" fueron contratados en los primeros años de la democracia, ya que en ese entonces primaba la necesidad de funcionarios fornidos para dominar a los internos. Ahora la mayoría de los funcionarios del INAU son educadores formados. Sin embargo, el sistema los transforma en "llaveros" (guardiacárceles) similares a los que cuidan a los presos adultos.

"El sistema no funciona porque se fugan un promedio de tres menores por día, no hay proyecto educativo y los menores sufren el hacinamiento de los hogares", dijo a El País el defensor de oficio de Menores, Daniel Sayagués.

SIN OBRAS. En 2005, el gobierno debió internar a menores en el Penal de Libertad durante varias semanas violando las disposiciones del Código del Niño que prohíbe un contacto tan extenso entre un policía y un menor infractor. Además, la administración Vázquez alojó a menores en comisarías y en varias oportunidades ello generó que el Directorio del INAU fuera intimado por la Justicia de Menores. En algunos hogares de la Colonia Berro, los menores deben padecer 23 horas de encierro por una hora de patio por la falta de personal y de programas educativos, según Sayagués. "No tienen actividades para realizar, son `pastilleados` para soportar su situación, y con insuficiencia de técnicos y funcionarios que puedan atenderlos debidamente", dijo.

El sindicato del INAU está a punto de ocupar el Centro de Internación Transitoria (CIT) si el número de internados crece demasiado. El CIT llegó alojar a 48 menores en tres piezas de cuatro por tres metros, dijo a El País el secretario del sindicato, Carlos Salaberry. "Deben dormir en el suelo porque no hay camas", agregó.

Ayer el sindicato realizó una muestra gráfica con fotos sobre las condiciones de alojamiento de los hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.

El CÍRCULO VICIOSO de las fugas

En los hogares del INAU con medidas privativas se genera un círculo vicioso. Los menores ingresan al INAU por una rapiña; antes de ser juzgados se vuelven a fugar, cometen otro delito y retornan a un hogar. Los procedimientos se detienen en cada fuga y los menores acumulan causas que nunca llegan a ver su término.

Las medidas aplicadas por las autoridades en el Semeji

-ex Interj- lograron bajar la cantidad de motines. Se reforzaron las guardias policiales en la Colonia Berro y la Policía aplica un procedimiento en cada fuga. Sin embargo, las autoridades no lograron solucionar los continuos escapes de los "hogares abiertos".

Otro problema que enfrenta el INAU es el hacinamiento, sobre todo en el hogar de ingreso. El director del organismo, Jorge Ferrando, dijo que se necesitaban 200 nuevas plazas. Lo mismo ocurre con las cárceles de adultos: "Se está hablando con distintos ministerios para buscar una solución a ese problema", dijo.

El País Digital

Fue el único documento presentado por un Sindicato al Congreso lo que habla del nivel de compromiso y trabajo de nuestra organización. Fue tomado por el congreso como base para la elaboración de su proclama.

Rumbo al Congreso de la COFE

(SUINAU - Borrador)

CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA

Contra las euforias que se desataron tempranamente con el fin de la recesión en la economía de EEUU, todavía no se divisa la consolidación de un proceso sostenido en ese país. Las principales potencias tuvieron un retroceso de su Producto Interno Bruto durante el año 2009: EEUU (-2,4%), Japón (-5,3%), Alemania (-5,0%), Reino Unido (-4,8%). A su vez, son varias las economías europeas que han caído en desgracia y necesitarán de esfuerzos enormes para atender sus desequilibrios, entre ellas: Turquía, Grecia (-2,0%), España (-3,6%), el mismo Reino Unido. Alguna de tales países entrando incluso en crisis sociales. El período actual podría caracterizarse, y bajo una hipótesis conservadora, como: una situación económica internacional de extrema incertidumbre.

Las recetas planteadas para la salidas de estas crisis, ya comenzadas en la Europa del Este y en Rusia (la llamada “Nueva Europa” pos-soviética), son las muy conocidas políticas del achique que fueron tan populares por estos lares. Por ahora, los países que tomarán los planes de ajuste que sigue promoviendo el FMI serán: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Parados en una pequeña economía dependiente del imperialismo como la nuestra, no es posible pensar un período de sostenido crecimiento y sin contratiempos. Es claro que a cualquiera le gustaría escuchar o leer buenas noticias, pero éstas no son un escenario probable en la etapa actual de crisis global. El país depende en grado sumo de sus exportaciones, por lo tanto, en un escenario de depresión de la demanda externa debido a la caída de ingresos en los principales países desarrollados y otros que además enfrentan planes de austeridad, no deja margen para un desempeño alentador.

A su vez, a los determinantes externos poco halagüeños, se les suman las dificultades propias del funcionamiento económico doméstico. El modelo de desarrollo que opera en el país, sigue basado en las exportaciones, particularmente producción primaria, commodities derivadas de recursos naturales de bajo valor agregado e impulsado por un proceso de endeudamiento dinámico. Nosotros como trabajadores del Estado consideramos que debemos construir un modelo de país que lejos de ser dependientes de los vaivenes de las economías extranjeras, sea un Estado productor y que apueste a la inversión nacional. Este fuerte endeudamiento se ha acrecentado en los últimos años, llegando la deuda del sector público en 2009 a U$S 21. 736 millones de dólares de Capital, sumado U$S 14.404 de intereses, según datos oficiales. Ello significa que se incrementó U$U5.000 millones desde los años 2008-2009 y más de U$S13.480 millones desde 1999. Siendo concretos, la deuda externa asciende hoy a U$S 36.141 millones de dólares (capital más interés) promediando los pagos unos 1000 millones de dólares de interés anual. La misma es mayor que todo el P.B.I. del país en el 2009, que fue cifrado en U$S 35.500 millones al culminar este año (Datos publicados en LA República en el mes de abril). A su vez, el 15 de abril, el Ministro de Economía Fernando Lorenzo anunció que se comprometieron nuevos adeudos para el próximo quinquenio: BID: U$$ 1.300 millones; B.M. U$S 700 millones; Corporación Andina: U$S 3.000 millones. (Según datos publicados en el mes de abril, por EL Observador en entrevista con el Ministro Lorenzo.)

Este fuerte endeudamiento resulta una “espada de Damocles” que pende sobre nuestras cabezas, y los abultados vencimientos de intereses del próximo año son un ejemplo. El dinamismo exportador del pasado quinquenio, basado en la inversión extranjera, a la cual se le ofrecen exenciones impositivas (Zonas Francas), el usufructo exclusivo de puertos e incluso gestiones crediticias ante organismos multilaterales (Botnia es un paradigma) o garantías cuantiosas (Leadgate-Pluna) u otras industrias extractivas de minerales que se perfilan como la palanca del corriente lustro. Las extensiones del complejo forestal-pastero y el sojero,[1] han sido el cambio estructural más importante en los últimos años, basados justamente en condiciones impositivas excepcionales, pero que generaron un desplazamiento de otros complejos tradicionales de capital nacional e incluso de mayor valor agregado como el lechero.

Lamentablemente los cambios estructurales anunciados desde la administración pasada y que prometían hacer temblar hasta las raíces de los árboles se redujeron a: 1) el sistema tributario, 2) el sistema de salud y, 3) la madre de todas, la del Estado, que se quedó en un embarazo ectópico[2]. La primera, implicó una simplificación de impuestos y la sustitución de varios de ellos por el IRPF, mismo que el 88% de su recaudación se basa en el aporte de los trabajadores. Este gravamen permitió bajar la carga impositiva a la actividad económica (al capital), los impuestos a la riqueza acumulada (patrimonio) son casi inexistentes, cierto que se agregan algunos sobre depósitos y alquileres; y, como vimos, las grandes inversiones están prácticamente exentas de impuestos. El sistema tributario sigue recostado en el impuesto más regresivo de todos, el IVA, toda la recaudación impositiva depende en más del 50% de este impuesto. La segunda, permitió en base al ahorro forzoso de los ciudadanos (especialmente los trabajadores) conformar un sistema mixto que reforzó de hecho a las empresas privadas, si bien apunta a universalizar la cobertura del sistema, termina fortaleciendo “el negocio” de la salud y los controles de calidad siguen estando en el debe. De la tercera, sólo podemos decir que hubo intentos aislados, con criterios duales mediados por los voluntarismos existentes en las diferentes reparticiones del Estado. En esta última, dado que se ha puesto especial énfasis crítico en la actual administración debemos sólo afirmar que: “a confesión de partes relevo de pruebas”.

La incertidumbre sobre el futuro se refleja en los discursos y las prácticas políticas que ponen énfasis en la austeridad, en la disciplina fiscal y en las señales diversas que las autoridades les pasan sistemáticamente a los trabajadores. En especial, cuando se habla de salarios y más aún si se nombra la palabra recuperación. Los últimos discursos de los principales voceros gubernamentales hacen hincapié en mantener el poder adquisitivo a la vez que asumen que la etapa de recuperación fue la que tuvo lugar en el período pasado. Los trabajadores aspiramos a tener una participación mayor en la riqueza nacional, y fundamos tal aspiración en que en términos agregados se acumularon niveles de riqueza mayores a los que se ostentaba antes de la crisis de 1998, no obstante los salarios siguen todavía muy rezagados.

Estamos ante el comienzo de un nuevo período de gobierno con la reincidencia del progresismo en el Ejecutivo. Se cierra un período de crecimiento económico y de algunos logros no despreciables en lo que hace a la institucionalización de las relaciones capital-trabajo que coronó algunos aspectos de la lucha de los trabajadores, aunque también existen pendientes importantes que serán texto y contexto de la continuidad de esa lucha.

No permitiremos que el nuevo gobierno sistemáticamente responsabilice a los trabajadores de todos los males del Estado. Las aseveraciones fuera de tono que luego exigen rectificaciones, o nuevos voceros que sostienen interpretaciones particulares, no ayudan a entablar el clima propicio para un diálogo constructivo. Lucharemos también para que no ocurran, como en el pasado reciente, violaciones de acuerdos salariales firmados y arduamente discutidos por trabajadores y Poder Ejecutivo, obligando a recurrir a la justicia para hacerlos efectivos. Daremos batalla con los trabajadores organizados en la calle para que se respeten las leyes, algo elemental en cualquier democracia, y que efectivamente se utilicen los espacios de participación construidos y llevados al estatus de Ley (especialmente la de Negociación Colectiva) para resolver los problemas del Estado. Exigimos que este Poder Ejecutivo le de otro contenido a la palabra participación, que utilice y jerarquice los ámbitos respectivos encomendado a tales espacios a representantes con poder de decisión.

INFORME, LOGROS, DESAFÍOS Y DEFINICIONES

1. Hoy más que nunca, debemos afirmar nuestras declaraciones anteriores. En Documento aprobado por la Asamblea Nacional de Delegados de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) reunida en la ciudad de San José, el día 13 de marzo de 2008 y refrendado por el 12º Congreso de la Confederación “Compañero Pablo Rodríguez”, llevado a cabo en Montevideo los días 14 a 16 de mayo de 2008, se sostenía y se detallaba los esfuerzos de los trabajadores por Transformar el Estado.

2. Transformar el Estado para los trabajadores es exigir que los sectores históricamente postergados, en especial la clase trabajadora, tengan un lugar preponderante en las principales decisiones que hacen a las cuestiones de interés nacional. Esta es la lucha por la democracia, que implica también la democratización del acceso a los recursos más importantes, léase la tierra, el agua, la vivienda, el crédito, los bienes públicos fundamentales, la educación, la salud, la seguridad social; en resumen: los recursos sobre los que se toman decisiones.

3. Producto de la lucha de los trabajadores es la vuelta a los Consejos de Salarios, también el Acuerdo Marco que permitió la negociación de los públicos con el gobierno y, como corolario, la Ley de Negociación Colectiva para los trabajadores públicos. No obstante, es necesario reforzar la lucha para mejorar esta ley y exigir que el Estado se sienta realmente obligado a cumplir con los requerimientos de tal negociación. La realidad es que las cuestiones que son objeto de negociación colectiva, definidas así y a texto expreso por la misma ley, no pasaron ni pasan aún por los niveles respectivos de la institucionalidad creada y pensada para tales efectos.

4. Si bien apostamos al diálogo con el gobierno, rechazamos enfáticamente los canales informales que terminen sustituyendo aquellos ámbitos institucionalizados previstos por la Ley de Negociación Colectiva para resolver las condiciones laborales, el ingreso al Estado, la movilidad horizontal y la formación respectiva para el mejoramiento de la función pública, la evaluación de desempeño y tantas otras cosas que son de resorte de tal negociación colectiva.

5. La lucha de los trabajadores organizados en COFE tuvo logros importantes. Resalta sin duda, el haber llevado al gobierno a reconocer y luego pactar, una recuperación en términos reales que resarciera la pérdida ocurrida en ocasión del período de crisis anterior. El esfuerzo realizado en las instancias de negociación colectiva para establecer un convenio que sostuviera los acuerdos obtenidos con la fuerza de la ley fue trascendente. Producto de tal convenio es que los trabajadores pudieron reclamar ante la justicia los acuerdos pactados e incumplidos por el gobierno cuando sostuvo una interpretación inesperada para recortar el ajuste correspondiente a enero 2009.

6. En el ámbito de rescatar la dignidad de la función pública y ordenar la carrera administrativa se han dado pasos no menores que exigieron también arduas horas de negociación, de organización y lucha. Sin duda, resalta la regularización de más de diez mil compañeros (pertenecientes a la COFE de un total de 14.242 declarados por el gobierno como total de regularizados entre Administración Central y Entes Autónomos) que realizaban tareas de función pública con contratos de becarios u otras formas chatarra. No obstante, la entrada al Estado siguió los mismos caminos irregulares anteriores y más becarios o contratos chatarra, se sumaron después de tales regularizaciones.

7. Las correcciones salariales siguen siendo una prioridad para los trabajadores de COFE, somos conscientes de la situación de miles de compañeros que no ganan lo suficiente para llevar junto a su familia una vida digna. Este es el desafío para la actual etapa, subir sustancialmente los salarios mínimos para la entrada a la administración, de forma que ningún trabajador dedicado a la función pública sea pobre por decreto. A su vez, rescatamos los principios históricos de la Confederación de que “a igual función corresponde igual remuneración”, criterio que debe estar presente en las reestructuras de la Administración y Organismos del 220. Por lo tanto, también sostenemos el criterio de ajustes diferenciales, inversamente proporcionales a la distancia que guardan respecto a una tabla de sueldos que se plantea como meta para ordenar la carrera administrativa.

8. Sigue siendo un objetivo vigente pelear por la estabilidad laboral y las garantías necesarias para los trabajadores que realizan una función pública. Es así que se defienden condiciones de trabajo pero a la vez se asegura que tales funciones públicas sigan cumpliéndose para que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada por cambios de humores políticos o de modas reformistas. Hoy, ante las primeras movidas del gobierno y la actitud asumida para la entrada a la administración, tenemos un conjunto importante de compañeros en el MTOP, MEC y en el mismo INAU vieron amenazada su estabilidad laboral con el consabido trastorno a las funciones que venían realizando.

9. Aquí se buscaron rápidamente salidas, quizás no las ideales, pero sí las que solucionaron la situación de vida de cientos de compañeros en las diversas reparticiones de la administración y de los organismos del 220; mientras que las funciones públicas, por ende, no se vieron resentidas.

10. Uno de los acuerdos con el gobierno fue el mecanismo de entrada a la Administración Pública, los concursos. Se dice a menudo que los procedimientos de concursos, la misma confección de sus bases, arrojan todavía algunos vicios que generan dudas sobre si guardaron o no todas las garantías. También desde la óptica de trabajadores deberíamos preguntarnos, con sentido autocrítico, si estuvimos a la altura de los acontecimientos y ejercimos los controles adecuados. Sin embargo, insistimos que son una forma con garantías de transparencia para la entrada a la administración y reclamamos la participación de los trabajadores en la confección de las bases correspondientes, de la integración de los tribunales y de todo el proceso de selección e integración a las nuevas tareas (inducción). Por lo tanto, rechazamos las apreciaciones (luego rectificadas) del Presidente Mujica que ponía en tela de juicio a este mecanismo de entrada a la administración.

11. Es un desafío para el futuro próximo alentar una Reforma del Estado en el sentido del proyecto de los trabajadores y no sólo en discutir en abstracto la mejora de la gestión. Afirmamos la necesidad de Transformar el Estado, de repensar la inserción del país en el contexto latinoamericano, de tener un Estado activo en la regulación económica y en el impulso a la actividad productiva, en la defensa de los salarios, el control estricto de los procesos de inversión apuntalando aquellos que estén en sintonía con un proyecto de desarrollo nacional sustentable, amigable con el ambiente y la dignidad de su gente y desestimando los que no cumplan tales condiciones.

12. Debemos ordenar la carrera administrativa también y mejorar la gestión, por supuesto, pero siempre apuntando a los objetivos de desarrollo nacional. Expusimos nuestras dudas respecto al proyecto SIRO impulsado de forma unilateral por el Poder Ejecutivo y sin la debida participación de los trabajadores. No obstante, afirmamos la necesidad de ordenar y aceitar los mecanismos que permiten el funcionamiento de la carrera administrativa con todas sus garantías previstas por la ley, tanto las que garanten la estabilidad de la gestión pública como la que resguardan los derechos y obligaciones de los trabajadores.

13. En tal sentido afirmamos antes y lo hacemos ahora, que es imposible una reforma sin presupuestos acordes que se apliquen a mejorar las incongruencias que permanecen.

14. Es así que apoyamos en su momento la iniciativa del Poder Legislativo de simplificar los objetos del gasto y sostuvimos la conveniencia de fortalecer el sueldo al grado coherente con nuestros principios históricos de que a igual función debe recibirse la misma remuneración. Rechazamos los criterios de ingresos variables impulsados por el gobierno, los criticamos porque contribuyen a formar un clima de competencia no sana y resulta un obstáculo para conformar sinergias y compromisos sobre objetivos comunes dentro de las dependencias del Estado. No es necesario poner una zanahoria delante a los funcionarios para que hagan bien su tarea, no son imprescindibles premios para comprometer a los trabajadores con la función pública, basta exigir las obligaciones previstas por contrato. Claro, para tales exigencias se debe avanzar en tener salarios dignos, diferencias salariales coherentes entre los grados administrativos que incentiven al trabajador a crecer en su carrera laboral, a mejorar su desempeño, y, en contrapartida, se deben aplicar las reglas y controles previstos por las leyes vigentes, las sanciones que correspondan guardando los derechos respectivos.

15. No son exitosos aquellos criterios de evaluación por resultados si no son pensados colectivamente, no es cierto que tales acuerdos colectivos diluyan las responsabilidades. Sostenemos que deben construirse criterios de evaluación que permitan comprometer a los diferentes participantes en la función pública y que también permitan evaluaciones objetivas. Para ello sólo basta con aplicar las leyes existentes y respetar los procesos debidos que garantizan derechos y obligaciones para todas las partes involucradas.

16. Un gran desafío de los trabajadores es potenciar la solidaridad entre nosotros mismos. Por diferentes avatares de la carrera administrativa hoy muchos compañeros tienen salarios muy bajos, pero otros, tiene salarios también altos. Pedirles a los compañeros que hoy ganan salarios altos (la mayoría no son tampoco salarios que permitan derroche) que entiendan y posterguen sus intereses para que otros compañeros puedan beneficiarse de ajustes diferenciales, es decir mayores porcentajes de recuperación, no es siempre una tarea fácil. No obstante, esta solidaridad es una condición para fortalecernos y construir una sociedad mejor en el futuro. Por tal cosa hemos sostenido el criterio de recuperación salarial más rápida para aquellos compañeros que hoy se encuentran en el fondo de la escala salarial, sin permitir, por supuesto, que nadie pierda poder adquisitivo. Este ha sido un principio que guió la negociación salarial y que permitió, los datos así lo muestran, una recuperación no despreciable, aunque aún insuficiente, para un número mayoritario de compañeros.

17. Desde nuestro lugar de trabajadores que defendemos los derechos de la niñez y la adolescencia, consideramos que el Estado debe promover políticas activas que sirvan para garantizar y desarrollar la protección integral de los trabajadores y su núcleo familiar.

18. Remarcando nuestra posición histórica como trabajadores organizados, en cuanto al gobierno precedente, reconocemos que fue el primer gobierno en procesar a determinados elementos de la última dictadura militar. Sostenemos la falta de intencionalidad política para llevar adelante la anulación de la ley de caducidad. En virtud de que el actual gobierno sigue el mismo camino, y más aún profundizándolo cuando el Presidente de la República llama a la conciliación nacional. Planteamos que para llegar a una real integración social de las fuerzas armadas, es imprescindible la aplicación de dos medidas: 1º la anulación de la ley de caducidad, y 2º un real proceso de depuración y democratización de dichas fuerzas. Por lo tanto impulsamos la inmediata anulación de la ley de impunidad en la vía parlamentaria y llamamos a la movilización para que esta se concrete.

Sostenemos que los trabajadores del Estado necesitamos una permanente formación y capacitación que vaya en consonancia con la reforma del Estado que proponemos.

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[1] La unión entre la empresa sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco para comprar las propiedades de Ence lleva a una concentración de la tenencia de la tierra sólo comparable a extensiones latifundistas que tenían lugar en el siglo XIX, más de 253 mil hectáreas. El complejo sojero usufructúa condiciones también excepcionales, el precio de la tierra en la Pampa Húmeda argentina ronda los U$S 16 mil (dólares americanos) mientras que los mejores campos del litoral se transan en U$S 7 mil la hectárea. Si a lo anterior le sumamos el bajo nivel impositivo comparado con la detracciones que el gobierno argentino aplica a las exportaciones de soja y la libre movilidad de capitales (es decir, pueden llevarse dividendos y beneficios sin traba alguna) el negocio es redondo pero no para el país.

[2] La idea de embarazo ectópico, como se define en la biología, es aquel imposible porque la formación del feto tiene lugar fuera del útero. Es válida en este caso, porque la propuesta de Reforma del Estado, ocurrió por fuera de los ámbitos naturales donde podía llegar buen término, con los trabajadores organizados y en sus lugares de trabajo.